Qué implica la demanda a Ripple para las criptomonedas

El 22 de diciembre de 2020, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), presentó una denuncia contra el ex director ejecutivo y cofundador de Ripple Labs, Christian Larsen, y su actual CEO, Brad Garlinghouse.

En la demanda, la SEC alegó que la venta de tokens XRP fechados desde 2013 para aumentar los fondos de la compañía, comportaron una venta ilegal de valores para los inversores estadounidenses e internacionales. Además, la denuncia acusa tanto a Larsen como a Garlinghouse de promover y ejecutar la venta de tokens XRP por valor de más de 600 millones de dólares de los que ambos poseían su propiedad. 

El intercambio en exchanges de XRP se vio impactado por estas noticias, con su precio llegando a perder más del 60% de su valor tras conocerse la información, aunque su precio ha vuelto a estabilizarse desde entonces.

Varios de los exchanges más grandes del mundo, incluyendo Xcoins, detuvieron la compraventa del token hasta conocer cómo evolucionaba el caso. La polémica sobre XRP ya dura más de un año, con la seguridad de este activo puesta en duda por determinados sectores.

En este artículo, examinamos los detalles de la denuncia de la SEC y lo que puede significar para los interesados en Ripple. También exploramos la reacción inmediata y el impacto que ha tenido en la industria.

La demanda

Según la SEC, Ripple Labs, Larsen y Garlinghouse se beneficiaron con hasta 1.3 mil millones de dólares después de vender tokens XRP de su propiedad a inversores en ventas no registradas de valores. El presunto crimen depende de que la SEC clasifique los tokens XRP como instrumentos financieros, algo que discuten Larsen, Garlinghouse y varias voces en la comunidad. Para que una criptomoneda sea considerada un valor según la SEC, la criptomoneda debe proporcionar al inversor o comprador la expectativa de “ganancias futuras a partir de dividendos, reparto de beneficios o apreciación de mercado”. 

La SEC argumenta que la venta de tokens XRP fue usada para fomentar la inversión y otras consideraciones no-monetarias como mano de obra y servicios de terceros, esos inversores, trabajadores y proveedores de servicios de terceros esperarían un valor a partir de esos tokens como compensación. Esto, según la SEC, es suficiente para clasificar a XRP como un instrumento financiero.

No obstante, Ripple Labs, Larsen y Garlinghouse no están de acuerdo. Ellos sugieren que XRP no es diferente de ninguna otra criptomoneda como Bitcoin o Ether ya que, pese a las largas cantidades de este token que estaban siendo almacenadas por la compañía y los dos empresarios, el protocolo de Ripple es de código abierto y fundamentalmente descentralizado. Precisamente, la SEC considera a Bitcoin y Ethereum “demasiado descentralizados” como para ser clasificados como activos financieros. Finalmente, la Corte del Distrito Sur de Nueva York tendrá que llegar a una conclusión sobre la empresa, con la que prolonga una acalorada batalla legal hasta el momento en que se redacta este artículo.

La semana pasada, la SEC ganó un pequeño pulso a Ripple al conseguir el derecho a acceder a documentos de Ripple en el extranjero, con el objetivo de saber si las transacciones realizadas desde cuentas fuera de los Estados Unidos estaban modificando el precio del token XRP. Por otro lado, Ripple Labs logró el derecho a acceder a documentos internos de la SEC sobre sus consideraciones acerca de las criptomonedas.

¿Qué implica esto para las partes interesadas de Ripple?

Si la SEC gana el caso, los socios de Ripple Labs en los Estados Unidos que recibían tokens XRP a cambio de inversión o servicios podrían ser considerados cómplices en el intercambio de valores ilegales y podrían recibir multas. Un largo número de socios potenciales de Ripple ya se han adelantado y terminado cualquier asociación ante la falta de un contexto legal. Además, esos socios e inversores en Ripple podrían ver sus tokens convertirse en intransferibles en Estados Unidos.

El fondo de inversión en criptomonedas Grayscale, por ejemplo, ha decidido desinvertir en el token y terminar su negocio con XRP. Merece la pena comentar que Grayscale tiene permitido invertir en valores ya que la firma está totalmente regulada por la SEC y atiende a inversores institucionales y acreditados, por lo que esta decisión es particularmente relevante.

También la empresa de transferencias MoneyGram ha terminado disolviendo su acuerdo con Ripple Labs. Pese a que la firma comenzó adoptando una estrategia de espera para ver cómo evolucionaba el caso, finalmente MoneyGram finalizó su relación con la empresa en febrero de este año. Además, MoneyGram se enfrenta por su parte a una denuncia por haber presuntamente realizado declaraciones falsas acerca de XRP.

Hacia el futuro

La SEC ha ubicado definitivamente las criptomonedas en el mapa y ha decidido tratar de tumbar proyectos en el espacio cripto que considera que violan las normas. Una de sus últimas víctimas fue el token TON de Telegram, que la empresa de mensajería abandonó tras una batalla legal. 

Sin embargo, la situación es diferente para Ripple. Pese a que aún no se ha alcanzado un veredicto, el valor de XRP se ha estabilizado en niveles saludables, manteniéndose actualmente entre las 10 mayores criptomonedas por capitalización de mercado. Esta calma, no obstante, se verá previsiblemente sacudida después de que la SEC llegue a una conclusión.

Ciertamente, muchos ojos están puestos en este juicio, dado que se espera que la conclusión de la SEC sirva como precedente y aclara la situación regulatoria para próximas ofertas públicas de monedas digitales. 

Mientras tanto, los inversores con poco gusto por el riesgo tal vez prefieran retirarse a tiempo, aunque existen aún suficientes acólitos de XRP dispuestos a seguir defendiendo sus posiciones para mantener el precio del token a flote. Este grupo mantendrá la esperanza por una resolución favorable hacia Ripple que provoque un aumento del precio. No obstante, en lo que respecta a Bitcoin y Ethereum concretamente, los inversores pueden estar tranquilos, ya que la SEC ya ha asegurado firmemente que no son considerados instrumentos financieros. 

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